Los marinos antigolpistas

Hasta la fecha, las autoridades chilenas no han reconocido la existencia de miles de víctimas torturadas durante el gobierno militar de este país (1973-1990) y que sobrevivieron a su tormento. Hoy estas personas siguen pidiendo reconocimiento oficial de sus padecimientos y justicia; entre ellas hay algunas que fueron torturadas en "la Esmeralda", un barco que actualmente se utiliza como buque escuela de la Armada chilena

Entre 1970 y 1973 varios centenares de marinos intentan oponerse al golpe de Estado que ven prepararse. Sargentos, cabos y marineros, organizan grupos antigolpistas en las cuatro secciones de la Marina: la escuadra, las escuelas de especialidades, la unidad de aviación naval y los astilleros. Establecen contactos con dirigentes políticos próximos al gobierno para informarlos de la conspiración en marcha y se organizan para enfrentarla. Son descubiertos por los servicios de inteligencia. La primera detención se efectúa el 15 de junio de 1973; las siguientes a fines de julio y a partir del 5 de agosto se desata una verdadera razzia dentro de la Marina.

Los años trágicos que se aproximan se encuentran resumidos en este drama. Durante los 36 días transcurridos entre la detención de los marinos de la flota y el golpe de Estado, los mandos de la Armada, mayoritariamente golpistas, comienzan a imponer el régimen que preparan. Los marinos detenidos serán los primeros en ser aislados ilegalmente y brutalmente torturados en recintos de la Marina que escapan al estado de derecho.

El término “primera vez” puede aplicarse a menudo al caso de los marinos, que encarna el ocaso de la democracia y la emergencia de la dictadura. Por primera vez militantes de izquierda retiran de sus domicilios, con apresuramiento, toda documentación o libro revelador de sus idea políticas; por primera vez comandos de la Marina interrumpen ilegalmente transmisiones radiales; por primera vez destacamentos de soldados (no de carabineros) cercan un teatro y detienen a los participantes de una manifestación de solidaridad con los marinos detenidos, con una violencia entonces desconocida. Más grave, la fracción golpista de la Armada organiza y equipa los primeros grupos de torturadores, ocultando su existencia al comandante en jefe y a otros oficiales. Nunca antes se había negado a los abogados el derecho a entrevistarse con sus defendidos y no se respeta el plazo de cinco días para presentar a un detenido ante un juez. Pese a las denuncias, abrumadoras, los partidos de derecha descalifican las denuncias de “presuntas” torturas y la Armada las niega oficialmente. Durante los últimos días del gobierno de Allende nacen los primeros comités de defensa de los derechos humanos y también por primera vez reúnen antecedentes para enviarlos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y los primeros nombres de torturadores son denunciados públicamente.

En resumen, las leyes republicanas se extinguen primero en los cuarteles navales, luego en zonas enteras, mientras emerge la futura dictadura. La tropa es informada que los marinos detenidos planeaban asesinatos masivos  y algunos jóvenes crédulos se ensañan con ellos.

Hacer entrar el movimiento de los marinos antigolpistas en la Historia es el primer objetivo de este trabajo. Pese a ser un episodio fundamental del período, es poco conocido y no ha sido objeto de investigaciones de largo aliento, tal vez a causa de su posible impacto sobre la actualidad.

En efecto, si la conjura de 1973 es obra de una fracción golpista, las fuerzas armadas actuales son sus herederos directos. La irrupción de los militares constitucionalistas en la Historia reciente puede plantear de manera punzante la cuestión de su lugar en la sociedad: ¿Por qué son los golpistas de 1973 y no los defensores de las instituciones democráticas los que inspiran a las fuerzas armadas modernas? La historia de los militares que dijeron “No” está comenzando a conocerse. Esta investigación busca revelar su acción, sus dudas, su comportamiento, motivaciones y organización, cuando la hubo.

Sus demandas de reintegración a las fuerzas armadas sobrepasan las cuestiones materiales como pensiones, acceso a hospitales, terrenos de vacaciones y otras ventajas de los uniformados.

El comportamiento de los militares antigolpistas plantea de forma quemante la relación entre legalidad y disciplina militar. Los golpistas reivindican la verticalidad del mando: el principio de la obediencia debida implica que un soldado debe obedecer siempre a su superior y que es irresponsable de sus actos. En cambio los legalistas postulan la preeminencia de la ley sobre las ordenes, y el derecho de los soldados a incumplirlas cuando las ordenes violan la ley o lo derechos humanos. Y todos son responsables de sus actos.

Hasta hoy, este problema jurídico no está resuelto: ¿Qué hacer en caso de conflicto entre la obediencia a la ley y la obediencia a su jefe? ¿Tiene derecho un subordinado a discernir sobre una orden y referirse a una autoridad superior a la de su jefe? ¿Qué sentido tiene, para la defensa nacional, una disciplina a menudo servil y humillante?

Los intentos por impedir que las fuerzas armadas rompieran con la ley en 1973, plantea también la cuestión esencial de la herencia política: ¿Los principios que motivaron la opción constitucionalista en 1973 deben sustituir la exaltación del golpe aún presente dentro de las fuerzas armadas? ¿Debe incluirse en ellas el principio de la preeminencia de la Ley sobre las ordenes de los superiores? Los libros de los militares constitucionalistas y sus principios democráticos ¿deben ser enseñados en las escuelas militares?