El nuevo Estatuto Laboral para estudiantes trabajadores 

constituye un feroz retroceso en los derechos laborales de las y los trabajadores en Chile. La flexibilidad es para el empleador, no para el/la trabajador/a.

• Establece normas que precarizan las condiciones de trabajo para las y los estudiantes trabajadores, en un extenso tramo de edad (entre los 18 a 28 años), para incentivar de manera perversa la contratación de mano de obra joven y barata.

• Los empleadores podrán:

• Interrumpir la jornada de trabajo a su arbitrio. Podrán planificar varios turnos cortos en un día, lo que significa para el/la trabajador/a mayores costos de traslado, más riesgo de accidentes de trayecto, disminución en la calidad de vida y dificultades para organizar sus tiempos de estudio.

• No se garantiza la obligación de compatibilizar estudios y trabajo, ya que los empleadores no están obligados a respetar la carga académica del estudiante trabajador/a. La flexibilidad es para el empleador, no para el/la trabajador/a.

• Terminar los contratos por el solo ministerio de ley, cuando se cumplen los 29 años o si se deja de estudiar, sin derecho a indemnización alguna, lo que generará un mecanismo de contratación y terminación contractual estable, que dejará en la inestabilidad a miles de personas.

• Se pone en entredicho el pago de licencias por incapacidad, como el pre y post natal, por la posibilidad de no cotizar en salud.

• Tampoco se respetan las regulaciones de descanso dominical actuales.

• El enfoque de la regulación se hace más desde la condición de trabajador que desde la condición de estudiante, que debiera ser lo prioritario si se cree necesario evitar la deserción del sistema educativo, y considerando también que lo que el país necesita son personas más calificadas y que puedan acceder a empleos de mayor calidad y calificación.

• El proyecto no aborda el problema de los “NINI”, que es posiblemente uno de los problemas sociales más urgentes de solucionar, y que aportaría además a la formación de nuevos profesionales que cuenten con las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos del trabajo del futuro, y a los índices de empleo juvenil.

• La amplitud de la definición del estudiante y lo extensa de la jornada (hasta 12 horas diarias, sin incluir tiempo de colación, y discontinua), claramente da cuenta que el proyecto no busca solo cubrir y formalizar los trabajos habituales que se desempeñan los jóvenes (empaquetadores, promotores, etc.), cuya naturaleza, por tratarse de labores livianas, les permite conciliar sin recarga su vida estudiantil. El proyecto va mucho más allá, e incluye estudiantes en vías de titulación, por ejemplo, a ingenieros (mineras), periodistas, solo por nombrar a algunas profesiones, que podrán ser contratados de manera precaria hasta por 10 años.

• El proyecto no establece un máximo de personal que puede ser contratado bajo esta modalidad.

• Debido a la precariedad e inestabilidad del tipo de contrato, se generan fuertes desincentivos para la afiliación sindical.

Todo esto crea un contrato que precariza y pone en riesgo también el puesto de trabajo de hombres y mujeres que no son estudiantes, muchos jefes o jefas de hogar, y que serán reemplazados por estos jóvenes que entrarán al mercado laboral, hasta los 28 años, con una enorme flexibilidad en materia de jornada y descansos.

Muchas de las disposiciones de este proyecto no se justifican (salvo que simplemente se busque abaratar costos en mano de obra), pudiendo reemplazarse por una serie de derechos reconocidos a toda/os quienes trabajan y estudian, sólo por acreditar lo segundo.

Una propuesta alternativa sería una reforma al Código del Trabajo, eliminando la lógica de Estatuto y reconociendo derechos a todos/as los/as estudiantes que trabajen, estableciendo, por ejemplo, mantener la gratuidad en educación superior y la cobertura de salud como cargas de sus padres (optativo), acceso al seguro de cesantía y subsidios al empleo, entre otros, sin precarizar sus condiciones.

Si el proyecto se aprueba, será la primera gran victoria laboral del gobierno, abriendo la puerta a numerosas y creativas iniciativas de precarización y flexibilización para empleadores, como ya se han ido anunciando.